El próximo 2 de enero de 2023 entrará en vigor una normativa que intenta encontrar una solución a un problema que alcanza cifras preocupantes. Según los datos oficiales, el 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, a lo que se suman los desperdicios que se generan en las empresas relacionadas con los alimentos y su consumo, en todas las etapas de la cadena. En este sentido, aquellos negocios que trabajan en el sector de la hostelería deberán contar con un plan de prevención que les ayude a tomar las medidas necesarias para reducir la generación de desperdicios. En nuestro post te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tema, ¡sigue leyendo!
¿Qué objetivo tiene esta normativa?
Como hemos comentado antes, el desperdicio de alimentos es un problema que no deja de crecer en todo el mundo. En nuestro país, cada persona ha tirado a la basura una media de 31 kilos de alimentos en un año y el número sigue aumentando. Por esta razón, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio la primera normativa encargada de regular esta materia y que entrará en vigor en 2023.
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que es el nombre que ha recibido, se enmarca dentro de la línea marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas y que busca “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores”. La normativa española quiere regular y concienciar al respecto, para paliar las consecuencias que este desperdicio tiene a nivel económico, social y ambiental, y trata de fomentar buenas prácticas desde los productores hasta el consumidor final.
¿Cómo afecta a los negocios de hostelería?
Los negocios de hostelería, dentro de estos objetivos marcados por la ley, deben cumplir con su parte al formar parte de la cadena alimentaria. Su responsabilidad y compromiso consiste en trazar y poner en práctica un plan de prevención de las pérdidas y los desperdicios. Gracias a él, podrán realizar un examen a nivel interno para detectar dónde se encuentran esos puntos de desperdicio y cómo minimizarlos.
Para ello se fija una jerarquía de prioridades, de la que el consumo humano ocupa el primer lugar. De esta manera, todo alimento que no se consuma, deberá donarse utilizando para ello convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. También se podrá transformar esos alimentos que no han podido venderse en otros que faciliten su consumo en condiciones óptimas, como zumos o mermeladas. Cuando ya no sean aptos para consumo humano, se destinarán a la alimentación animal u otros productos como compost.
Por último, las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar que sus clientes se lleven a casa las sobras, es decir, los alimentos que no hayan consumido, sin que esto suponga coste alguno. Con este objetivo, han de tener envases adecuados para ello que, además, sean reutilizables o fácilmente reciclables. Para que los consumidores sean conscientes de que pueden pedir que les pongan para llevar el resto de lo que han pedido, el negocio debe informar de forma clara en el establecimiento, preferentemente en la carta.
¿Se aplican sanciones si no se cumple con la ley?
La normativa contra el desperdicio de alimentos es más que un decálogo de buenas prácticas para los negocios. Cuenta con sanciones establecidas en función de la gravedad de las faltas que se realicen. Por ejemplo, el hecho de no contar con un plan de prevención puede acarrear multas de entre 2.001 y 60.000 euros. Otra falta grave contemplada es “discriminar en el acceso al reparto de los alimentos por motivos de discapacidad, edad, sexo, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, situación administrativa del extranjero, origen racial o étnico, religión o creencias, territorio o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En el caso de que se comentan varias faltas graves en el plazo de dos años, se prevén sanciones de entre 60.001 y 500.000 euros.